Sunday, November 6, 2016

Opciones De Qdro


Si recibe una opción para comprar acciones como pago por sus servicios, puede tener ingresos cuando reciba la opción, cuando ejerza la opción o cuando disponga de la opción o acción recibida al ejercer la opción. Existen dos tipos de opciones sobre acciones: Las opciones otorgadas bajo un plan de compra de acciones para empleados o un plan de opciones de acciones de incentivos (ISO) son opciones de acciones legales. Las opciones sobre acciones que se otorgan bajo un plan de compra de acciones para empleados o un plan ISO no son opciones de compra de acciones no estatutarias. Consulte la Publicación 525. Ingreso tributable y no tributable. Para obtener asistencia en la determinación de si se le ha otorgado una opción de compra estatutaria o no estatutaria. Opciones estatutarias de acciones Si su empleador le otorga una opción estatutaria de compra de acciones, generalmente no incluye ningún monto en su ingreso bruto al recibir o ejercer la opción. Sin embargo, es posible que esté sujeto al impuesto mínimo alternativo en el año en que ejerce una ISO. Para obtener más información, consulte el Formulario 6251 Instrucciones (PDF). Usted tiene un ingreso imponible o una pérdida deducible cuando vende la acción que compró al ejercer la opción. Generalmente, usted trata esta cantidad como una ganancia o pérdida de capital. Sin embargo, si no cumple con los requisitos especiales de período de tenencia, tendrá que tratar el ingreso de la venta como ingreso ordinario. Agregue estas cantidades, que son tratadas como salarios, a la base de la acción en la determinación de la ganancia o pérdida en la disposición de acciones. Consulte la Publicación 525 para obtener detalles específicos sobre el tipo de opción de compra de acciones, así como las reglas sobre cuándo se informa el ingreso y cómo se reportan los ingresos para efectos del impuesto sobre la renta. Opción de Compra de Incentivos - Después de ejercer una ISO, debe recibir de su empleador un Formulario 3921 (PDF), Ejercicio de una Opción de Compra de Incentivos bajo la Sección 422 (b). Este formulario informará las fechas y valores importantes necesarios para determinar la cantidad correcta de capital y los ingresos ordinarios (si corresponde) que se informará en su declaración. Plan de Compra de Acciones para Empleados - Después de su primera transferencia o venta de acciones adquiridas mediante el ejercicio de una opción otorgada bajo un plan de compra de acciones para empleados, debe recibir de su empleador un Formulario 3922 (PDF), Transferencia de Acciones Adquiridas Sección 423 (c). Este formulario informará las fechas y los valores importantes necesarios para determinar la cantidad correcta de capital y los ingresos ordinarios que se informará en su declaración. Opciones de acciones no estatutarias Si su empleador le otorga una opción de compra de acciones no tasada, el monto de los ingresos a incluir y el tiempo para incluirlo depende de si el valor justo de mercado de la opción puede determinarse fácilmente. Valor justo de mercado fácilmente determinado - Si una opción se negocia activamente en un mercado establecido, puede determinar fácilmente el valor justo de mercado de la opción. Refiérase a la Publicación 525 para otras circunstancias bajo las cuales usted pueda determinar fácilmente el valor justo de mercado de una opción y las reglas para determinar cuándo debe reportar ingreso para una opción con un valor justo de mercado fácilmente determinable. Valor de Mercado Justo No Determinado - La mayoría de las opciones no-estatutarias no tienen un valor justo de mercado fácilmente determinable. Para las opciones no tasadas sin un valor justo de mercado fácilmente determinable, no hay un evento imponible cuando se otorga la opción, pero debe incluir en el ingreso el valor justo de mercado de la acción recibida en el ejercicio, menos la cantidad pagada, al ejercer la opción. Usted tiene ingreso imponible o pérdida deducible cuando vende las acciones que recibió al ejercer la opción. Generalmente, usted trata esta cantidad como una ganancia o pérdida de capital. Para obtener información específica y requisitos de información, consulte la Publicación 525. Última revisión o actualización: 10 de octubre de 2016. 26 Mar 2009 El cliente recibió QDRO dirigiendo 1/2 de las opciones de un participante en el Co, 39s NQDCP para ser repapered a su (ahora ex) nombre de la esposa. El cliente afirma que debido a que su Documento del Plan dice que las Opciones no pueden ser asignadas, no tienen que cumplir. Creo que el documento está hablando a la capacidad de un participante para asignar sus opciones, no la capacidad de un tribunal para hacerlo. También escuché un comentario de otro partido que terminó como este quotoh, eso es cierto, es un plan no calificado, por lo que el código QDRO puede dictar. Alguien sabe realmente - puede el documento del plan realmente supercede la orden de la corte y es verdad que el hecho que es un NQDCP realmente diferencia. Like This A diferencia de david rigby 26 Mar 2009 Me gusta Esto A diferencia jpod 26 mar 2009 1. Claramente las reglas QDRO del IRC son inaplicables. 2. A menos que se trate de un plan de pensiones ERISA sujeto a la parte 2 del título I de ERISA, las normas ERISA QDRO son inaplicables. 3. Suponiendo que no es un plan ERISA en absoluto, y por lo tanto no hay problemas de premeditación ERISA, la cuestión se reduce a una cuestión de ley estatal de si el tribunal tiene la capacidad para hacer esto. Asumiendo que la orden parece válida en su cara, y no hay indicación de que el tribunal fue engañado en la creencia de que el plan es algo distinto de lo que realmente es, el cliente tiene que decidir si vale la pena impugnar la orden si el participante mismo No está interesado en impugnarlo. Al igual que Eric. 26 mar 2009 Gracias David. Lugares interesantes que tienen buenas citas en ellos. Usted me señaló en una dirección útil. Muy apreciado. Jpod - Gracias por su respuesta también. Tanto tu y David39s posts golpeó tan rápidamente después de haber publicado mi pregunta - es genial ver el Foro de fruto tan eficientemente Editado por Eric. 26 de marzo de 2009 - 04:36 PM. Generalmente los planes de NQDC son simplemente promesas de pagar algo en algún momento futuro. No hay activos en los que el participante tiene un interés, por lo que no hay nada que quotrepaper en cuanto a los activos (que pertenecen al empleador) se refiere. En la medida en que un tribunal estatal puede exigir que un empleador participe en la asignación de la propiedad de un individuo, el tribunal todavía tiene que tomar en cuenta lo que es la propiedad. En algún momento en el futuro, el empleador estará obligado a dar al participante algo (aunque podría tener valor cero en el momento), pero que no sea un contrato intangible derecho a que algo (de acuerdo con los términos del contrato), No hay nada para dividir o volver a registrarse hoy. Considere una asignación de pago, o un gravamen sobre el pago. Nada sucede a ningún activo hasta el día de pago. La nómina no establece al acreedor como beneficiario como un empleado. El empleador identifica el pago en el día de pago, luego examina los términos de la cesión / gravamen y recorta la parte de la paga que está sujeta a la cesión / embargo. El empleador puede establecer los términos del plan para manejarlo de manera diferente. Me gusta esto A diferencia de jpod 27 mar 2009 QDRO: Los hechos son muy vagas aquí. Por un lado Eric describió el plan como un NQDCP, lo que sugeriría que podría haber un problema de preemption ERISA, pero por otro lado estaba hablando de una asignación de las quotoptions participantes, que si él significa que las opciones sobre acciones son generalmente no Parte de un plan ERISA y, por lo tanto, no preempción. Por lo que vale la pena creo que en muchas jurisdicciones opciones de acciones se consideran bienes que se pueden dividir en un divorcio, a pesar de lenguaje anti-asignación (o por qué otra cosa IRS se han pronunciado sobre los temas fiscales hace unos años). 27 de marzo 2009 QDROphile - el repapering sería la redacción de Acuerdos de Opciones al nombre del cónyuge. El Participante original también recibiría un Addendum a sus Acuerdos que reflejara las Opciones modificadas (sus partes restantes, ya que cada Opción individual se dividiría por la mitad, en su caso). Editado por Eric. 27 de marzo de 2009 - 10:28 AM. Así que qué pasa con la terminología del plan NQDC que usaste como esto a diferencia de Eric. 27 de marzo de 2009 QDRO - no estoy muy seguro de lo que me estás preguntando sobre la terminología quotPlan que usé. Básicamente, dije que el Plan (NQDC) tiene un QDRO para dar 1/2 de las Opciones de un participante. (Es decir: Yo lo redacté específicamente dirigiendo 1/2 de las Opciones del participante en el Co, 39s NQDCP para ser repapered a su (ahora ex) nombre de la esposa, es decir: repita las Opciones como aparece en las declaraciones de valoración del participante y repaper el Acuerdos de Opción / OA39s Ammended de modo que 1/2 son suyos y 1/2 son suyos) y que están tomando la posición que no deben tener porque el Plan Doc dice Opciones (y la lógica sigue que esto también significa porciones de) no puede ser Asignado Así que qué me estás haciendo exeactly sobre el Plan Terminolgy que utilicé Editado por Eric. 27 de marzo de 2009 - 13:30 h. Al igual que a diferencia de jpod 27 de marzo de 2009 No puedo hablar por QDRO pero si por quotOptionsquot quería decir stock options estamos un poco confundidos en cuanto a qué tipo de acuerdo estamos tratando aquí, y que podría ser pertinente a nuestros esfuerzos para ser útil. Normalmente, no pensamos en una opción de acciones como un componente de un NQDCP. Al igual que Eric. 27 Mar 2009 No puedo hablar por QDRO pero si por quotOptionsquot significa opciones sobre acciones estamos un poco confundidos en cuanto a qué tipo de acuerdo estamos tratando aquí, y que podría ser pertinente a nuestros esfuerzos para ser útil. Normalmente, no pensamos en una opción de acciones como un componente de un NQDCP. Manejo más de 100 NQDCP39 que usan Opciones escritas en Fondos Mutuos. Pero entiendo lo que dices. Tal vez yo estuviera inconscientemente a la defensiva, haciendo referencia al anterior post, pensando que la pregunta era realmente intentar implicar que mi uso de la palabra quotrepaperingquot se refería a los activos físicos - que, como se ha señalado, no ocurren aquí - y que por lo tanto tenía Ni idea de lo que estaba pidiendo. Las opciones sobre acciones pueden ser un componente de un plan NQDC, pero cuando lo son, tienen un carácter muy diferente como un derecho de propiedad. Si alguien tiene opciones sobre acciones otorgadas directamente, eso es otro asunto en conjunto, y yo no usaría la terminología de NQDC para tales arreglos, aunque entiendo que hay un elemento de compensación diferida involucrada. Me gusta esto A diferencia de QDROphile 27 mar 2009 Regreso a mi respuesta original. Independientemente de lo que esté usando para medir algún pago final, si es un plan NQDC, el participante no lo posee, por lo que nadie puede llegar a él a través del participante hasta el día en que sea pagadero / pagado al participante. Al igual que Eric. 27 Mar 2009 Las opciones sobre acciones pueden ser un componente de un plan NQDC, pero cuando lo son, tienen un carácter muy diferente como un derecho de propiedad. Si alguien tiene opciones sobre acciones otorgadas directamente, eso es otro asunto en conjunto, y yo no usaría la terminología de NQDC para tales arreglos, aunque entiendo que hay un elemento de compensación diferida involucrada. Gracias P. Los Planes son los más Certamente NQDCP39s. Y, los participantes de los Planes reciben Opciones bajo los Planes. No hay premios de acciones directas aquí. Hmm, eso es casi 100 de lo que este Plan hace. Puede hacer referencia a KEYSOP si desea el nombre de producto de Deloite39 y encontrará una serie de variaciones de los otros nombres de quotbig. Además, he trabajado en el número de planes - con PD39s y OA39 casi idénticos entre ellos - que usaron opciones escritas en artículos tales como parcelas de terreno en lugar de opciones escritas en fondos mutuos. Teóricamente, usted puede escribir una opción en casi cualquier cosa que desee - coche, casa, lo que sea. De hecho, supongo entonces que usted se sorprenderá al saber que hace varios años estos planes estaban enojados con los Hospitales / NFP39s porque no tenían muchas oportunidades similares de usar / ofrecer para atracción y retención. Como un incendio forestal. Por otra parte, sólo he estado involucrado con la primera de estas variedades desde su CONCEPCIÓN. Ah sí, eso es correcto, y manejar los planes de la costa a la costa. Que sé yo. Supongo que tengo que alertar a los administradores y Beneficios de que estoy en el teléfono con todos los días, que estos no son exactamente NQDCP39s y tenemos que darse prisa y construir un nuevo vocabulario / terminología única. Oh mierda - todos nosotros también necesitamos retool todos los PD39s de SPD39s, presentaciones, artículos. Mi d-d, es mejor que me ocupe. También asegúrese de decirles que están todos equivocados, porque QDROphile quotwould no usar terminología NQDC para tales arreglos. Gracias por arreglar esto por nosotros antes de que todos nos veamos estúpidos frente a nuestros clientes. Como moderador, siempre te he encontrado informado - abrassive - como te han dicho en posts anteriores - pero conocedor. Esta respuesta sólo me saca del agua. PS - hazme un favor, por favor don39t responde con las palabras quotproperty rightsquot de nuevo. Nunca usé las palabras, lo hiciste. Sé a dónde ibas, pero creo que supones que la pregunta es sobre la asignación de bienes, no de derechos bajo opción. Es toda la discusión de la terminología un arenque rojo para distraer de ese hecho que volveré a comprobar después de que yo termine de jugar con mi Lego39s. Editado por Eric. 27 de marzo de 2009 - 02:32 PM. El cliente recibió QDRO dirigiendo 1/2 de las opciones de un participante en el Co, 39s NQDCP para ser repapered a su (ahora ex) nombre de la esposa. El cliente afirma que debido a que su Documento del Plan dice que las Opciones no pueden ser asignadas, no tienen que cumplir. Creo que el documento está hablando a la capacidad de un participante para asignar sus opciones, no la capacidad de un tribunal para hacerlo. También escuché un comentario de otro partido que terminó como este quotoh, eso es cierto, es un plan no calificado, por lo que el código QDRO puede dictar. Realmente Alguien sabe - Puede el Documento del Plan realmente supercede la orden de la corte y es verdad que el hecho de que es un NQDCP realmente hace una diferencia Creo que usted necesita distinguir entre los derechos de un tribunal para determinar la propiedad maritial que se dividirá en un Divorcio y los derechos del cónyuge del participante del plan para recibir los beneficios de jubilación determinados como bienes conyugales bajo los términos del plan de jubilación. Se reconoce que los tribunales estatales de divorcio tienen el derecho de determinar si las opciones sobre acciones son propiedad marital, p. DeJesus v. DeJesus, 90 NY2d, 643, In re Matrimonio de Abrazo, 154 Cal. App.3d 780, Wendt v. Wendt, 255 Conn 918. Sin embargo, los derechos del ex cónyuge a tales beneficios no pueden ser mayores que el Derechos del empleado a los beneficios. Por ejemplo, en algunos estados (FL), aunque los beneficios de jubilación se incluyen en la propiedad marcial, ex cónyuges de empleados públicos no pueden recibir ningún beneficio de jubilación del plan de jubilación público porque bajo la ley estatal los beneficios no son asignables. El ex sólo puede recibir un pago de su parte de las prestaciones de jubilación ordenadas en virtud del decreto de divorcio del empleado después de la distribución de los beneficios de jubilación comienza porque los planes públicos están exentos de ERISA que prevé la asignación de beneficios de jubilación bajo un plan de empleador privado A su ex cónyuge. Similarmente, si un plan NQDC establece que las opciones sobre acciones de un participante no pueden ser asignadas de acuerdo con la regla del IRS. 1.83-3 (d), no veo cómo una orden judicial para transferir las opciones al ex cónyuge puede ser ejecutada porque un plan NQDC no está sujeto a la Sección 206d de ERISA que prevé que las prestaciones de pensión sean transferidas a un ex cónyuge Bajo un QDRO como excepción a la regla de no alienación de ERISA. Al igual que Eric. 27 Mar 2009 Métodos para dividir las opciones de acciones en los casos de divorcio del Tribunal Estatal Proporcionados por el Grupo Nacional de Investigación Jurídica Casi todos los estados ahora están de acuerdo en que las opciones sobre acciones son propiedades maritales en la medida en que fueron ganadas durante el matrimonio. Como resultado, en la mayoría de los casos en que las opciones de acciones están presentes, el tribunal y las partes tendrán que encontrar alguna manera de transferir parte del valor de las opciones para el cónyuge no propietario. La ley federal no ha hecho el proceso de la división más fácil de hecho, un buen caso se puede hacer que la ley federal ha materialmente contribuido al problema. Si la ley federal debía aclararse para permitir la asignación directa de opciones de acciones sin consecuencias fiscales prohibitivamente adversas, la división de opciones de acciones en los casos de divorcio del tribunal estatal sería un proceso mucho más fácil. El propósito principal de este artículo es discutir la ley federal y estatal sobre la mecánica de dividir las opciones sobre acciones entre las partes. Antes de llegar a este punto, sin embargo, revisaremos brevemente la naturaleza de las opciones de compra de acciones y luego discutiremos la manera en que las opciones de acciones son clasificadas y divididas. I. OPCIONES DE ACCIÓN EN GENERAL Una opción de compra de acciones es un derecho legal de comprar una acción de acciones por un precio específico (el precio de ejercicio), independientemente del precio al que la acción esté realmente negociando. La acción no necesita ser negociada públicamente, pero en la mayoría de los casos reportados, existe un mercado regular para la acción en cuestión. En casi todos los planes de opciones sobre acciones, una opción dada al empleado no se invierte cuando se recibe. No se puede ejercer se pierde si el empleado deja de trabajar para el empleador. Después de un período de tiempo específico pasa, la opción de compra de acciones. Después de la adquisición, la opción de compra de acciones se puede ejercer, y no se pierde si el empleado sale de la empresa. La mayoría de los períodos de consolidación se encuentran en el rango de dos a cinco años. Después de un período mucho más largo, a menudo 10 años, la opción de compra expira y no se puede ejercer. II. CLASIFICACIÓN DE LAS OPCIONES DE ACCIÓN Las opciones de compra de acciones se incluyen en la categoría general de derechos de compensación diferidos, una categoría que también incluye los activos comúnmente discutidos como beneficios de jubilación, bonificaciones y derechos de propiedad intelectual. Para fines de división de la propiedad, los derechos de compensación diferidos se adquieren generalmente cuando se ganan, no cuando el valor se recibe realmente. Por ejemplo, si el marido gana beneficios de jubilación durante el matrimonio, los beneficios que se ganan son bienes matrimoniales, aunque no se reciba dinero hasta mucho tiempo después de que termine el matrimonio. Los derechos de compensación diferidos se clasifican más a menudo determinando el período durante el cual se ganan. Un plan de retiro de beneficios definidos, por ejemplo, generalmente se adquiere como compensación por un período específico de servicio acreditable prestado al empleador. La cantidad recibida por mes depende del servicio acreditable total prestado, con una cierta función del sueldo anual más alto de los empleados que se trabaja a menudo en la fórmula también. Para determinar la parte del matrimonio, el tribunal divide el tiempo total casado durante el período de ganancia por el período de ganancia total. Ver In re Matrimonio de Benson, 545 N. W.2d 252 (Iowa 1996) Koziol contra Koziol, 10 Neb. App. 675, 636 N. W.2d 890 (2001) Workman v. Workman, 106 N. C. App. 562, 418 S. E.2d 269 (1992). Véase generalmente Brett R. Turner, Distribución Equitativa de la Propiedad 6:25 (3d ed. 2005). Tiempo casado, en este contexto, significa tiempo entre la fecha de inicio (casi siempre la fecha del matrimonio) y la fecha de clasificación. Carné de identidad. Esta última fecha varía según la jurisdicción, generalmente es la fecha de la separación final, la fecha de presentación, o la fecha del divorcio. Carné de identidad. Sección 5:28. Tomemos un ejemplo, supongamos que un miembro del servicio militar adquiere beneficios de jubilación como compensación por 30 años de servicio militar. El divorcio ocurre en Nueva York, donde la fecha de clasificación es normalmente la fecha de presentación. De los 30 años, 12 ocurrieron entre la fecha del matrimonio y la presentación del divorcio. La cuota marital de la pensión es 12/30, o 40. En el caso específico de las opciones sobre acciones, el período de ganancia siempre incluye el período de consolidación. El propósito del período de adquisición es animar al empleado a seguir trabajando para el empleador, por eso el empleado pierde opciones no adquiridas si voluntariamente termina su empleo. Véase generalmente In re Marriage of Hug, 154 Cal. App. 3d 780, 201 Cal. Rptr. 676 (1984). Cuando el empleo futuro es una condición de la adquisición, es muy difícil argumentar que la opción no es la consideración para el servicio futuro. La pregunta difícil en la clasificación de las opciones de acciones es si la opción es la consideración por el servicio pasado también. Algunas opciones de acciones no adquiridas se otorgan de acuerdo con un plan regular que otorga una cantidad igual de opciones sobre acciones a todos los empleados a un nivel dado, principalmente como un dispositivo para animarlos a permanecer con la empresa. Este tipo de opciones son generalmente consideración sólo para servicios futuros. Ver In re Matrimonio de Harrison, 179 Cal. App. 3d 1216, 225 Cal. Rptr. 234 (1986) Wendt v. Wendt, 59 Conn. App. 656, 757 A.2d 1225 (2000) Hopfer v. Hopfer, 59 Conn. App. 452, 757 A.2d 673 (2000) (donde el marido comenzó con el empleador sólo un mes antes del divorcio) Otley v. Otley, 147 Md. App. 540, 810 A.2d 1 (2002) In re Matrimonio de Valence, 147 N. H. 663, 798 A.2d 35 (2002). Véase, en general, Turner, supra, 6:49. Con arreglo a otros planes de opciones, sin embargo, se otorgan más opciones no adquiridas a los empleados que obtuvieron mejores resultados en el pasado, o un comité puede incluso tener la discreción de otorgar donaciones extraordinarias de opciones no adquiridas a los empleados que hicieron contribuciones extraordinarias a la empresa. Estas opciones son consideraciones tanto para servicios pasados ​​como futuros. Carné de identidad. Sección 6:49. Una situación de hecho relacionada ocurre cuando se usan opciones para atraer a un empleado para cambiar de empleador. Estas opciones normalmente se utilizan para atraer a los empleados sólo después de que tienen habilidades sustanciales, por lo que las opciones son en un sentido adquirido con las habilidades. Además, los empleados que hacen este tipo de cambio de trabajo a menudo pierden opciones de acciones no adquiridas con su empleador anterior, las opciones que fueron ganados, al menos en parte, a través del esfuerzo marital. La regla general es, por lo tanto, que las opciones sobre acciones para cambiar de empleo también se adquieren a cambio de servicios pasados ​​y futuros. En re Matrimonio de Abrazo, 154 Cal. App. 3d 780, 201 Cal. Rptr. 676 (1984) Salstrom v. Salstrom, 404 N. W.2d 848 (App. Minn., 1987). III. DIVISIÓN DE BENEFICIOS DE RETIRO Como los derechos de compensación diferidos se ganan antes de ser recibidos, su división plantea problemas únicos. Estos problemas se plantearon en primer lugar en el contexto de las prestaciones de jubilación, y la ley sobre la división de otros derechos de compensación diferida es generalmente una aplicación específica de las reglas generales establecidas en los casos de beneficios de jubilación. En general, los beneficios de jubilación pueden dividirse de dos maneras. Bajo el método de compensación inmediata, el tribunal determina un valor presente para los beneficios. Para ello, el tribunal debe medir la serie de pagos futuros que es probable que el empleado reciba el descuento de esos beneficios por la probabilidad de que no se reciba cada beneficio (por ejemplo, por la probabilidad de muerte prematura) y luego reducir los beneficios a valor presente . Este es un proceso difícil que normalmente requiere de un testimonio experto. Después de determinar un valor presente, el tribunal multiplica ese valor por la parte conyugal para determinar el interés conyugal y aplica los factores de división estatutaria para determinar el porcentaje de interés de los cónyuges no propietarios en la parte conyugal. El cónyuge no propietario recibe entonces su interés en efectivo u otra propiedad, mientras que el cónyuge propietario recibe toda la pensión. Turner, supra, Sección 6:31. La compensación inmediata requiere un testimonio de expertos significativo desde el principio, por lo que es un método más costoso. Sólo puede aplicarse cuando el estado matrimonial tiene suficiente efectivo u otros activos para permitir el pago de la compensación. La exactitud del método depende de la exactitud de las proyecciones actuariales, que casi nunca son exactamente exactas, de modo que uno de los cónyuges o el otro está obligado a ser lastimado si ambos no viven a su expectativa de vida exacta. Pero la compensación inmediata permite que toda la pensión se divida en el momento del divorcio, sin requerir que las partes tengan una conexión continua entre sí durante muchos años por venir. Después de que el divorcio ha terminado, es por lejos el método más fácil de implementar. Según el método de distribución diferida, el tribunal no necesita determinar un valor actual de los beneficios en el momento del divorcio (aunque algunos estados exigen que el tribunal lo haga para otros fines). En cambio, el tribunal mide la parte conyugal y determina el interés equitativo de los cónyuges no propietarios en esa acción. Por ejemplo, si el interés marital es de 40 y una división igual es equitativa, el interés de los cónyuges no propietarios sería 20. El tribunal ordena entonces al cónyuge propietario que pague al cónyuge no propietario 20 de cada pago futuro recibido del plan de jubilación . Turner, supra, Sub Sección 6: 32-6: 33. Debido a que no se hace división actual, la distribución diferida no depende de la precisión de los cálculos del valor actual ni de las proyecciones actuariales. La cantidad a pagar será exactamente correcta, independientemente de quién muere cuando. Sin embargo, las partes deben seguir enfrentándose durante muchos años, y el cónyuge no propietario debe asumir la carga de hacer cumplir la obligación si el cónyuge propietario se niega a pagar. También hay una variedad de formas inocentes y no tan inocentes en las que los eventos futuros pueden influir en la distribución. Para tomar sólo un ejemplo, muchos planes de beneficios definidos se encuentran con problemas financieros significativos, que en última instancia, puede reducir la cantidad a pagar. Si la pérdida surge de las condiciones del mercado, debe ser compartida, pero qué pasa si el cónyuge propietario era el CEO de la empresa y fracasó, negligente o incluso deliberadamente, para financiar el plan lo suficiente después del divorcio La distribución diferida crea un potencial significativo para futuros litigios que hace No conducir a una ruptura limpia entre las partes. Los problemas administrativos de la distribución diferida son menos severos cuando el administrador del plan puede ser dirigido a proporcionar beneficios directamente al cónyuge no propietario, Turner, supra, 6: 18-6: 20, o tal vez incluso hacer que el cónyuge que no es dueño Participante independiente en el plan. Carné de identidad. Sección 6:34. La mayoría de los planes de jubilación privados están regulados por la ley federal, y inicialmente había preocupación de que la ley federal no permitiera la asignación directa de derechos de pensión. El gobierno federal eliminó esta incertidumbre en 1984 haciendo modificaciones importantes a ERISA, el estatuto federal que gobierna planes de retiro. El estatuto modificado permite la asignación directa de beneficios sólo si la asignación se hace en un orden de relaciones domésticas calificado (QDRO). Una orden de relaciones domésticas (DRO) es una orden del tribunal estatal, hecha bajo la ley de relaciones domésticas, que ordena al administrador del plan asignar beneficios a un ex cónyuge (el beneficiario alterno). 29 U. S.C. Sección 1056 (d) (3) (A) (Westlaw 2006). Debe contener cierta información de identificación básica y, lo que es más importante, sólo puede dividir los beneficios que están realmente disponibles para el empleado bajo el plan. Después de que el tribunal estatal haga un DRO, el DRO es enviado al administrador del plan, quien determina si el pedido cumple con los requisitos de ERISA. Si el administrador determina que el pedido cumple con esos requisitos, el pedido está calificado y el administrador debe seguirlo. Si la orden es rechazada, no está calificada, y la ley federal impide su cumplimiento. La decisión de los administradores puede entonces ser revisada en cualquier tribunal estatal o federal. Ver generalmente Turner, supra Sección 6: 18-6: 19. IV. TRASLADO DIRECTO DE LAS OPCIONES DE ACCIÓN Tratamiento Fiscal Federal Antes de discutir la mecánica de dividir las opciones sobre acciones, es necesario hacer una breve digresión sobre la ley del impuesto sobre la renta federal. Esa ley ha tenido un impacto significativo en el proceso por el cual se dividen las opciones sobre acciones. Como regla general, cuando un empleador paga compensación a un empleado, dos consecuencias fiscales siguen. La compensación se grava como ingreso al empleado, y se trata como un gasto comercial del empleador. Esta regla general se aplica tanto a la propiedad como al salario directo. Por ejemplo, si un empleador da una parte de la acción a un empleado, el valor de la acción es un ingreso imponible para el empleado, y una deducción de gastos de negocios para el empleador. En el caso específico de las opciones sobre acciones, el trato fiscal es diferente. Cuando las opciones de compra de acciones se otorgan bajo un plan calificado, no se reconocen ingresos cuando se otorga o se ejerce la opción en sí y el empleador no recibe ninguna deducción por gastos empresariales. I. R.C. Sección 421 (a). El empleado es sujeto de impuestos sólo cuando se vende la parte de la acción adquirida con la opción y el impuesto puede pagarse con el producto de la venta de la propia acción. La ley federal reconoce dos tipos diferentes de planes de opciones de acciones calificadas: planes de opciones de acciones de incentivos bajo I. R.C. 422, y planes de compra de acciones para empleados bajo I. R.C. 423. Si un plan de opciones sobre acciones no cumple con los requisitos para cualquier tipo de plan calificado, se dice que es un plan no calificado. Las opciones sobre acciones otorgadas en virtud de dicho plan son tratadas como ingresos para el empleado, y se permite una deducción de gastos empresariales equivalente para el empleador. Estas normas surten efecto en el momento en que se otorga la opción si el valor de la opción puede determinarse fácilmente de otra manera, entran en vigor cuando se ejerce la opción. I. R.C. Sección 83 Amelia Legutki, Mertens Ley de impuestos federales sobre la renta 6.01 (Westlaw 2006) en adelante Mertens. Cuando se vende una acción adquirida con una opción de compra de acciones, el empleado reconoce ingresos iguales al precio de venta menos su base en la acción. Si el plan de opciones sobre acciones fue calificado, la base de empleados es la cantidad pagada bajo la opción. Si el plan no es calificado, la base de empleados es el monto pagado, más cualquier cantidad previamente reconocida como ingreso ordinariamente, el valor de la opción cuando se otorga. Si la opción se mantuvo durante un período mínimo de tiempo, los ingresos se gravan a las ganancias de capital de lo contrario, se grava a las tasas impositivas normales. Mertens Sección 6.01. Ley Federal de Valores Como el método más fácil para implementar la distribución diferida de opciones de acciones es la asignación directa de beneficios a través de un QDRO, el método más fácil para implementar la distribución diferida de opciones de acciones es las transferencias directas de las opciones. Al igual que todos los valores negociados públicamente, las opciones sobre acciones están reguladas por la Securities and Exchange Commission (SEC). Antes de 1996, la ex SEC Regla 16b-3 prohibía positivamente cualquier transferencia directa de opciones sobre acciones. Revisión Anual de la Regulación Federal de Valores, 52 Bus. Ley. 759, 766 (1997). Por lo tanto, la asignación directa no era un método permisible para implementar una división de la corte estatal de la propiedad marital. En 1996, la SEC revisó la Regla 16b-3 para eliminar la prohibición de la transferencia directa. 17 C. F.R. Sección 240.16b-3 (Westlaw 2006). También adoptó las reglas 16a-12, 17 C. F.R. 240.16a-12 (Westlaw 2006), que estipula que no es necesario informar de ciertas transferencias que cumplan la definición de ERISA de un DRO (cualificado o no). Si una regla expresa establece que las transferencias directas no necesitan ser reportadas, estas transferencias no son obviamente prohibidas por la SEC. Así, después de 1996, la ley federal de valores ya no prohíbe la asignación directa de opciones sobre acciones. Si las opciones sobre acciones estaban reguladas por ERISA, la ley federal requeriría que los administradores del plan permitieran la transferencia directa de opciones sobre acciones por medio de QDRO. Pero los planes de opciones sobre acciones claramente no están dentro de ERISA. ERISA sólo se aplica a los planes de beneficios, que se subdividen en planes de bienestar y planes de jubilación. 29 U. S.C. 1002 (3) (Westlaw 2006). Dado que una opción de compra de acciones no es un beneficio pagadero sólo al jubilarse, un plan de opciones sobre acciones no es un plan de jubilación. La definición de planes de bienestar incluye planes destinados a proporcionar atención o beneficios médicos, quirúrgicos o hospitalarios, o beneficios en caso de enfermedad, accidente, discapacidad, muerte o desempleo, o beneficios de vacaciones, programas de aprendizaje u otros programas de capacitación, o guarderías , Fondos de becas o servicios legales de prepago, 29 USC 1002 (1) (A) una lista que excluya claramente las opciones sobre acciones. Los planes de opción de compra de acciones de los empleados generalmente no están cubiertos bajo la Ley de Seguridad de Ingresos de Retiro de Empleados (ERISA), ya que no se consideran planes de bienestar o jubilación. Matthew T. Bodie, Alineando Incentivos con Equidad: Opciones de Acciones para Empleados y Regla 10b-5, 88 Iowa L. Rev. 539, 547 (2003). En general, la mayoría de los tribunales han sostenido que un plan de opciones sobre acciones incentivadas no es un plan de ERISA que cite los casos. (Véase generalmente Oatway c. American International Group, Inc. 325 F.3d 184, 187. Por lo tanto, las disposiciones QDRO de ERISA no se aplican a los planes de opciones sobre acciones. Ley federal de impuestos Se podría pensar que la decisión de la SEC de tolerar las transferencias relacionadas con el divorcio haría tales transferencias permisibles. Desafortunadamente, la SEC es sólo una de las agencias federales con el poder de limitar las transferencias relacionadas con el divorcio. El IRS, y la ley federal de impuestos en general, siguen haciendo la transferencia directa difícil. El núcleo del problema está en los requisitos para las dos diferentes formas de planes de opciones de acciones calificadas. Los requisitos para un plan de opciones de acciones de incentivos proporcionan: (b) Opción de compra de incentivos. Para los fines de esta parte, el término opción de compra de acciones de incentivo significa una opción otorgada a un individuo por cualquier razón relacionada con su empleo por una corporación, si es concedida por la corporación de empleador o su matriz o subsidiaria, para comprar acciones de cualquiera de dichas corporaciones , Pero sólo si (5) dicha opción por sus términos no es transferible por tal persona de otra manera que por voluntad o las leyes de ascendencia y distribución, y es ejercitable, durante su vida, sólo por él. I. R.C. Sección 422 (b) (5) (sin cursivas en el original). Los requisitos para un plan de compra de acciones para empleados proporcionan: (b) Plan de compra de acciones para empleados. Para los fines de esta parte, el término plan de compra de acciones para empleados significa un plan que cumple con los siguientes requisitos. (9) de acuerdo con los términos del plan, dicha opción no puede ser transferida por ese individuo sino por voluntad o por las leyes de ascendencia y distribución y sólo puede ser ejercitada durante su vida por él. I. R.C. 423 b) (9) (sin cursivas en el original). Por lo tanto, ambas formas de planes de opciones de acciones calificadas estipulan que cualquier opción de compra de acciones otorgada sólo puede ser ejercida por el empleado. No hay excepción que permita el ejercicio por un cónyuge, presente o anterior. Cabe destacar que ninguno de los estatutos antes citados impide absolutamente que un plan de opciones sobre acciones permita la transferencia de opciones sobre acciones. Los tribunales federales se han negado a interpretar cualquier estatuto para evitar la transferencia de manera absoluta, de la misma manera que la disposición antiasignación de ERISA. P. ej. DeNadai vs. Preferred Capital Markets, Inc. 272 ​​B. R. 21, 40 (D. Mass., 2001) (DeNadai no señala ninguna evidencia de que el Congreso pretendía que la I. R.C. 422 (b) (5) sirviera como una exención general del proceso acreedor). Esta negativa es muy consistente con el hecho de que tales transferencias están implícitamente permitidas por la Regla 16a-12 de la SEC. El efecto del subapartado 422 b) 5) y 423 b) 9) no es prohibir las transferencias directas con arreglo a un DRO, sino más bien modificar el tratamiento fiscal de las opciones transferidas. It is highly desirable to employees that stock options awarded under a qualified plan be taxed under the special rules set forth in Section 421(a). The above language suggests, at a minimum, that any option exercised by a nonemployee loses the favorable tax treatment it would otherwise enjoy. It would be taxed as income when received or exercised, not when the share of stock acquired was sold. If a plan is already nonqualified, the conditions set forth in Sub Section 422 and 423 do not apply to begin with, and there is apparently no reason why federal tax law would require or even suggest that the options not be transferable. Revenue Ruling 2002-22 Concerns regarding the tax treatment of stock options directly transferred from one spouse to the other were strengthened by the IRS decision in Rev. Rul. 2002-22, 2002-1 C. B. 849. This ruling focused primarily upon whether direct transfers of stock options are a taxable event. The general rule is that divorce-related transfers generally are not such an event, I. R.C. 1041, but the IRS had previously made informal statements that it might try to argue that transfers of stock options were somehow outside 1041. Rev. Rul. 2002-22 recedes from these suggestions, and constitutes an admission by the IRS that the general principles of Section 1041 apply. But the ruling comes loaded with provisos and qualifications. The overall effect of the qualifications is to remove a significant portion of the practical benefit of the admission. The fact pattern directly addressed in the ruling arose from a divorce-related transfer of stock options awarded under a nonqualified plan. The Service ruled that Section 1041 applied: The term property is not defined in Section 1041. However, there is no indication that Congress intended property to have a restricted meaning under 1041. To the contrary, Congress indicated that 1041 should apply broadly to transfers of many types of property, including those that involve a right to receive ordinary income that has accrued in an economic sense (such as interests in trusts and annuities). Carné de identidad. at 1491. Accordingly, stock options and unfunded deferred compensation rights may constitute property within the meaning of 1041. The greater problem for the taxpayers was not the applicability of Section 1041, but rather the common-law assignment-of-income doctrine. Under that doctrine, income is ordinarily taxed to the person who earns it, and that the incidence of income taxation may not be shifted by anticipatory assignments. Carné de identidad. See generally Lucas v. Earl, 281 U. S. 111 (1930). If the doctrine applied, the husband would be liable for the entire tax due, regardless of the anticipatory assignment to the wife. But the assignment-of-income concept is fundamentally incompatible with Section 1041, which was intended to allow unlimited tax-free transfers of property between spouses incident to divorce: Applying the assignment of income doctrine in divorce cases to tax the transferor spouse when the transferee spouse ultimately receives income from the property transferred in the divorce would frustrate the purpose of Section 1041 with respect to divorcing spouses. That tax treatment would impose substantial burdens on marital property settlements involving such property and thwart the purpose of allowing divorcing spouses to sever their ownership interests in property with as little tax intrusion as possible. Further, there is no indication that Congress intended 1041 to alter the principle established in the pre-1041 cases such as Meisner that the application of the assignment of income doctrine generally is inappropriate in the context of divorce. Rev. Rul. 2002-22. The Service therefore ruled that nonqualified options could be transferred between divorcing spouses without any change in tax consequences. The problem with Rev. Rul. 2002-22 began when the Service departed from the facts presented and addressed qualified stock options: The same conclusion would apply in a case in which an employee transfers a statutory stock option (such as those governed by Section 422 or 423(b)) contrary to its terms to a spouse or former spouse in connection with divorce. The option would be disqualified as a statutory stock option, see Sub Section 422(b)(5) and 423(b)(9), and treated in the same manner as other nonstatutory stock options. Section 424(c)(4), which provides that a Section 1041(a) transfer of stock acquired on the exercise of a statutory stock option is not a disqualifying disposition, does not apply to a transfer of the stock option. See H. R. Rep. No. 795, 100th Cong. 2d Sess. 378 (1988) (noting that the purpose of the amendment made to Section 424(c) is to clarify that the transfer of stock acquired pursuant to the exercise of an incentive stock option between spouses or incident to divorce is tax free). Carné de identidad. (emphasis added). Thus, the Service expressly confirmed that a qualified option becomes a nonqualified stock option when transferred by a DRO, because Sub Section 422(b)(5) and 423(b)(9) (both quoted previously in this article) expressly forbid any transfer of a qualified stock option, even one made incident to divorce. This conclusion is not changed by Section 1041, which provides that transfers incident to divorce are not taxable events, because the problem is not that the transfer itself is taxable. The problem is that the transfer strips the option of the preferential tax treatment given to qualified options, because Sub Section 422(b)(5) and 423(b)(9) make absolute nontransferability a condition upon qualified status. As a result, while Rev. Rul. 2002-22 benefits holders of nonqualified options, it provides very cold comfort to holders of qualified options. Moreover, the Service added a second troublesome condition to its ruling: This ruling does not apply to transfers of property between spouses other than in connection with divorce. This ruling also does not apply to transfers of nonstatutory stock options, unfunded deferred compensation rights, or other future income rights to the extent such options or rights are unvested at the time of transfer or to the extent that the transferors rights to such income are subject to substantial contingencies at the time of the transfer. See Kochansky v. Commissioner, 92 F.3d 957 (9th Cir. 1996). Carné de identidad. (emphasis added). On its face, therefore, the ruling applies only to vested stock options. It is very possible that the Service might attempt to apply different rules when unvested stock options are transferred. Moreover, the nature of those different rules is logically suggested by the case cited, Kochansky v. Commissioner, 92 F.3d 957 (9th Cir. 1996), which held under the assignment-of-income doctrine that an attorney was liable for all tax due on a contingent fee, even though part of the fee had been assigned to his spouse pursuant to divorce. In short, the Service is holding the door open for arguing that the employee must pay all tax due upon an unvested stock option, regardless of any deferred distribution to a former spouse. See David S. Rosettenstein, Options on Divorce: Taxation, Compensation Accountability, and the Need to Look for Holistic Solutions, 37 Fam. L. Q. 203, 207 n.13 (2003) (It is not clear what purpose the reference to Kochansky serves if it is not to leave the door open to an assignment of income analysis, however inappropriate that analysis may be) see also id. at 207 n.19 (The ruling would seem to reserve the Services ability to adopt an assignment of income analysis to any unvested options transferred to the non-employee spouse). Moreover, it is also worth noting that the central issue in Kochansky, the effect of the wifes community property rights on the result, was not addressed because it was not preserved in the court below. That procedural ruling fundamentally limits the precedential value of Kochansky, for it is very possible that the result would have been different if the issue had been preserved. Indeed, the Service itself admits earlier in Rev. Rul. 2002-22 that the application of the assignment of income doctrine generally is inappropriate in the context of divorce. By citing Kochansky in spite of these points, the Service undercuts the power of its own admission that the assignment-of-income doctrine is inconsistent with the policy behind Section 1041, and leaves reasonable taxpayers with no way to predict the tax consequences of a very desirable method of division the direct transfer of unvested qualified stock options from one spouse to the other incident to divorce. What is doubly frustrating is that a fair resolution of the entire issue should not be overly difficult. As a court-created rule, the assignment-of-income doctrine is clearly secondary to Section 1041. That statute requires, implicitly if not explicitly, that transfers of property incident to divorce trigger no adverse federal tax consequences. There is no basis for applying the assignment-of-income doctrine to any divorce-related transfer, regardless of whether the options at issue are vested or unvested. For exactly the same reason, it is wrong to allow divorce-related transfers of any stock option to result in loss of qualified status. Whatever Congress had in mind when enacting Sub Section 422(b)(5) and 423(b)(9), it did not intend those sections to apply to divorce-related transfers. The consistent trend in all areas of federal tax and securities law over the past 20 years has been to allow divorce-related transfers with no greater tax consequences than would have been present if divorce had not occurred. The statutes admittedly do not contain any express exception for divorce-related transfers, and there may be some merit to the argument that the remedy must be statutory. But that fact does not make reform any less necessary. I. R.C. Sub Section 422(b)(5) and 423(b)(9) should be amended to permit divorce-related transfers of stock options without loss of qualified status. Stock options also represent a contract, and thus fall within the ambit of state common law. Bodie, supra, 88 Iowa L. Rev. at 547. State law applying to stock options is not superseded by ERISA, for as noted previously, ERISA does not apply to stock option plans. Since the distinction between qualified and nonqualified plans is purely a matter of income tax law qualified plans are eligible for more favorable tax treatment the qualified or nonqualified status of the plan has no effect upon state law. State court opinions dividing stock options have frequently observed that the great majority of all stock option plans prohibit direct assignment. See Jensen v. Jensen, 824 So. 2d 315, 321 (Fla. 1st Dist. Ct. App. 2002) (Both expert witnesses in this case testified that the unvested stock options could be neither valued nor transferred) Otley v. Otley, 147 Md. App. 540, 557, 810 A.2d 1, 11 (2002) (The difficulty of establishing a present value and the fact that the options themselves are usually not divisible or transferable make the deferred distribution approach desirable) Fisher v. Fisher, 564 Pa. 586, 593, 769 A.2d 1165, 1170 (2001). Nothing in federal law requires that state courts enforce prohibitions on assignment. The issue is therefore purely one of state contract law. While there are no reported state court cases discussing restrictions on the transfer of stock options, there are reported cases discussing contractual restriction on the transfer of actual shares of stock. The general rule is that these restrictions are binding, but that they are narrowly construed. For example, a restriction upon voluntary transfer, or even upon transfer generally, does not apply to involuntary transfer: We hold that a transfer of stock ordered by the court in a marriage dissolution proceeding is an involuntary transfer not prohibited under a corporations general restriction against transfers unless the restriction expressly prohibits involuntary transfers. Ordinarily, for drafting purposes, we think use of the phrase involuntary transfers would be deemed to encompass divorce court transfers. No such phrase was used here, however and the general language is inadequate to prohibit the courts transfer of the F-L stock. Castonguay v. Castonguay, 306 N. W.2d 143, 146 (Minn. 1981). The agreement requires a shareholder who wishes to sell, assign, encumber or otherwise dispose of the corporations stock other than as expressly provided for in the agreement to obtain the written consent of the other shareholders. The agreement contains no express provision regarding the interspousal transfer of shares incident to equitable distribution. The spouse has neither joined in the agreement nor has she waived her interest in the stock. We are not prepared to cut off the marital interest of a spouse under these circumstances. We hold that, under the rule of strict construction, a restriction on the transfer of stock does not apply to interspousal transfers of stock which is marital property absent an express provision prohibiting such transfers. Bryan-Barber Realty, Inc. v. Fryar, 120 N. C. App. 178, 181-82, 461 S. E.2d 29, 31-32 (1995) see also In re Marriage of Devick, 315 Ill. App. 3d 908, 920, 735 N. E.2d 153, 162 (2000) (Strictly construing the restrictive provision of the affiliate agreements, we determine that the restriction is applicable only to voluntary transfers and not to transfers by operation of law, such as by court order). The reasoning of these cases is similar to the reasoning of the federal district court in DeNadai v. Preferred Capital Markets, Inc. 272 B. R. 21 (D. Mass. 2001), which held that the tax law transfer restriction in I. R.C. Section 422(b)(5) did not prevent involuntary assignment to creditors. One fact not considered in some of the stock transfer cases is the presence of a bona fide reason to limit transferability. If the IRS continues to take the position that any transfer of stock options under a qualified plan destroys the qualified status of the option transferred, there is a good reason for most plans to limit transfers. Federal tax law on this point is unfortunate, but it must be lived with until it changes. But even this situation is not unknown in the state court cases. In McGinnis v. McGinnis, 920 S. W.2d 68 (Ky. Ct. App. 1995), a shareholders agreement provided that if any person obtains an attachment or other legal or equitable interest in any of the Shares owned by an employee, the corporation would have an option to purchase those shares. Carné de identidad. at 75. The court held that this provision did not on its face absolutely prevent a divorce-related transfer. It noted, however, that the practical result of such a transfer might be the involuntary sale of the very asset being transferred, and suggested that the court and the parties must live with this fact. By similar reasoning, it seems likely that a state court would not be deterred from dividing stock options by the mere fact that the shares so transferred might lose their qualified status. It also seems likely, however, that the court would first give the parties every opportunity to agree upon a method of transfer which preserves the tax advantages of qualified status. V. OTHER METHODS FOR DIVIDING STOCK OPTIONS While federal law now permits direct transfer of stock options in at least some cases, direct transfer may cause prohibitively adverse tax consequences, and it may not be in the best interests of the parties for other reasons. Since direct transfer was not permitted at all before 1996, there is a reasonable body of case law discussing other division methods. On the facts of specific cases, these methods may reach results which are equal or even superior to the results of a direct transfer. Deferred Distribution of Profits The most common method for dividing stock options in actual practice is a deferred distribution of the profits. Under this method, the court determines the nonowning spouses interest in each set of options. It then orders the owning spouse to pay the nonowning spouse the stated percentage of all profits traceable to exercise of the option. It will normally be necessary to direct the owning spouse to withhold taxes from the payment, or otherwise adjust the parties rights to reflect the fact that the IRS will assess the relevant tax consequences entirely against the owning spouse. For cases making a deferred distribution of the profits of stock options, see In re Marriage of Frederick, 218 Ill. App. 3d 533, 578 N. E.2d 612 (1991) Frankel v. Frankel, 165 Md. App. 553, 585, 886 A.2d 136, 155 (2005) Otley v. Otley, 147 Md. App. 540, 559-60, 810 A.2d 1, 12 (2002) (The benefit subject to distribution, as we stated in Green and repeated earlier in this opinion, is the profit) Green v. Green, 64 Md. App. 122, 494 A.2d 721 (1985) Smith v. Smith, 682 S. W.2d 834 (Mo. Ct. App. 1984), overruled on other grounds, Gehm v. Gehm, 707 S. W.2d 491 (Mo. Ct. App. 1986) Fisher v. Fisher, 564 Pa. 586, 591, 769 A.2d 1165, 1169 (2001) (over a dissent which would give the nonowning spouse more control over when the options are exercised) and Chen v. Chen, 142 Wis. 2d 7, 15, 416 N. W.2d 661, 664 (Ct. App. 1987) (The trial court determined a percentage. and divided the profit from the stock option contracts accordingly). Deferred distribution of the profits works best when the parties expect to exercise the option within a fairly short period of time after it vests, and to sell the stock as soon as the option is exercised. If no limits are placed upon when the option will be exercised or when the resulting stock can be sold, the owning spouse could delay the exercise or sale longer than the nonowning spouse desires, or could exercise the option or sell the stock sooner than the nonowning spouse prefers. Because this method gives the nonowning spouse little control over the option and the resulting stock, it tends to work best when the owning spouse has superior financial expertise, and the nonowning spouse trusts the owning spouse to make a good decision in the financial interests of both parties. Since the parties are sharing the profit from each option, the owning spouse has a natural incentive to maximize both spouses profits, so long as the owning spouse can be trusted to behave in an economically rational manner. Another common method for dividing stock options is to make the nonowning spouse an equitable owner of a portion of the options. This method is normally implemented by directing the owning spouse to set aside a certain number of options for the benefit of the nonowning spouse. These options cannot be exercised by the owning spouse alone. Rather, the owning spouse is ordered to exercise these options only when requested to do so in writing by the nonowning spouse. The resulting stock can be either sold immediately, or promptly transferred to the nonowning spouse. It will ordinarily be necessary to have the nonowning spouse make a separate payment to hold the owning spouse harmless from tax consequences, as the owning spouse may be liable to the IRS for taxes on the nonowning spouses shares. In situations in which actual transfer of the options is not possible or is otherwise inadvisable, this method provides a reasonably close approximation of the same end result. For cases awarding equitable ownership of certain options to the nonowning spouse, see Keff v. Keff, 757 So. 2d 450 (Ala. Civ. App. 2000), and Callahan v. Callahan, 142 N. J. Super. 325, 361 A.2d 561 (Ch. Div. 1976). See also In re Marriage of Valence, 147 N. H. 663, 669, 798 A.2d 35, 39 (2002) (directing husband to exercise options as soon as possible, except that he could hold the options for the minimum period necessary to obtain favorable tax treatment, but allowing the wife to consent otherwise in writing, so that she could effectively make independent decisions). It may be possible to mix both the deferred division of profits and the equitable ownership approaches: The trial court ruled that the husband could exercise the options and then sell any or all of his shares if and when the options vest. If so, the judge determined that the husband must share with the wife one-half of the net gain (i. e. the gross proceeds less the purchase price and less the tax consequences to the husband) from the sale. If the husband decides not to exercise his vested options, the judge ordered that the husband notify the wife of his decision and allow her to exercise her share of the options through him. The wife would then be responsible for the tax consequences resulting from the sale of the shares. Baccanti v. Morton, 434 Mass. 787, 802, 752 N. E.2d 718, 731 (2001). Thus, the husband had the right to exercise the options and sell the stock immediately upon vesting, paying the wife her share of the profit. If he declined to exercise the options or sell the stock immediately, he was required to hold the stock for the wifes benefit, allowing her to exercise and sell her share of the options as she desired. The equitable ownership method suffers from most of the same advantages and disadvantages as a direct transfer. It gives the nonowning spouse control over when to exercise options and sell stock, which is a powerful benefit when both spouses are equally able to make good investment decisions. It limits the owning spouses ability to commit financial misconduct, although not as much as direct transfer, because the nonowning spouse still bears the risk that the owning spouse will disregard instructions. The greatest limitation is again the fact that some nonowning spouses will not have the financial skills to make good investment decisions, and will not in the press of other matters be sufficiently motivated to seek expert assistance. The ultimate form of equitable ownership is of course division in kind. Several state court decisions have stated that such division is preferable in situations in which it is permitted by the employer. See In re Marriage of Valence, 147 N. H. 663, 669, 798 A.2d 35, 39 (2002) Fisher v. Fisher, 564 Pa. 586, 593-94, 769 A.2d 1165, 1170 (2001). But both cases noted that transfer was not permitted on the facts. There may be some concern on the part of the courts that equitable ownership, short of an actual transfer of the stock options, may be too difficult to implement. In Fisher, for example, after holding that a direct transfer was preferable but impossible, the court ordered the direct distribution of profits, apparently out of concern that allowing the wife more choice regarding the exercise of the options would unduly limit the husbands rights. But the husbands rights would surely have been even more limited by a direct transfer, and the court held that such a transfer would be favored, if permitted by the plan. Another possibility is that the court was concerned that equitable ownership would be an administrative burden to the husband, who would be responsible for exercising the wifes stock options when requested to do so. But this burden must be balanced against the benefit of giving the wife control over when her share of the options is exercised. A constructive trust is not really an independent method for dividing stock options, but rather a useful device for facilitating enforcement of either deferred distribution of profits or equitable ownership. By providing that the owning spouse hold certain stock options in trust for the nonowning spouse (under equitable ownership) or for the benefit of both parties (under deferred distribution of profits), an order or agreement imposes upon the owning spouse a familiar set of duties. As a trustee, the owning spouse must use reasonable care to manage the options held in trust, perhaps even using the care that a prudent investor would use with his or her own property. There is also a developed body of law on trustee misconduct which can be invoked in the event that the owning spouse acts negligently or dishonestly. For cases expressly approving a constructive trust, see Jensen v. Jensen, 824 So. 2d 315, 321 (Fla. 1st Dist. Ct. App. 2002), and Callahan v. Callahan, 142 N. J. Super. 325, 361 A.2d 561 (Ch. Div. 1976). See also Banning v. Banning, 1996 WL 354930 (Ohio Ct. App. 1996) (trust permissible but not required). Constructive trust tends to work best with deferred distribution of profits, where the owning spouse is expected to use his or her best judgment for the benefit of both parties. Under equitable ownership, the owning spouse is required only to follow the nonowning spouses instructions, not to use independent judgment, and it is important to draft any constructive trust language with this limitation in mind. For a good example of language which clearly imposes no duty of independent judgment in making decisions, see Callahan, 142 N. J. Super. at 330-31, 361 A.2d at 564 (He shall exercise her share of the options only at her direction). Where a constructive trust is ordered, the trial court normally retains jurisdiction to supervise its implementation. See Jensen v. Jensen, 824 So. 2d 315, 321 (Fla. 1st Dist. Ct. App. 2002) (The trial court imposed a constructive trust upon appellant to keep half of the options for appellees benefit, expressly reserving jurisdiction to enforce the provisions of the trust). Indeed, continued supervision is generally necessary even where a constructive trust is not expressly ordered: Unreasonable or spiteful spouses are not altogether unknown to trial courts charged with adjudicating the multifarious issues arising under the divorce code. The court of common pleas will have jurisdiction over the equitable distribution of the Fishers marital assets until all of the assets have been distributed we have already determined that the stock options or their value cannot be distributed at the present time. Mrs. Fisher will be able, so long as options acquired during her marriage may yet be exercised, to petition the court if she has evidence that Mr. Fisher has violated 23 Pa. C.S. 3102(a)(6) (policy of effectuating economic justice between parties who are divorced) or otherwise deprived her, under principles of equity, of assets she is entitled to receive. Fisher v. Fisher, 564 Pa. 586, 593-94, 769 A.2d 1165, 1170 (2001). Tax Consequences Regardless of whether the court defers distribution of profits or provides for actual equitable ownership of options, the court must include a separate provision accounting for tax consequences. If the options themselves are not actually transferred, all of the tax consequences will be due to the owning spouse. That spouse is therefore entitled to withhold from any payment to the nonowning spouse the taxes due on the nonowning spouses share of the options. See Fountain v. Fountain, 148 N. C. App. 329, 340, 559 S. E.2d 25, 33 (2002) (court may choose to place conditions on the distribution, i. e. require. non-owner spouse to save owner spouse harmless from any tax liability incurred as a consequence of purchase) In re Marriage of Taraghi, 159 Or. App. 480, 494, 977 P.2d 453, 461 (1999) (trial court properly authorized husband to withhold taxes a sale of the stock upon exercise of the options is contemplated and husband will be taxed on the entire capital gain). Immediate offsets of stock options have been very rare in the reported cases. The fundamental problem is that an immediate offset requires a determination of the present value, and the present value of stock options is extraordinarily speculative. Indeed, it is often so speculative that the present value simply cannot be computed. See Jensen v. Jensen, 824 So. 2d 315, 321 (Fla. 1st Dist. Ct. App. 2002) (Both expert witnesses in this case testified that the unvested stock options could be neither valued nor transferred) In re Marriage of Frederick, 218 Ill. App. 3d 533, 541, 578 N. E.2d 612, 619 (1991) (The options could not be valued until such time as they were exercised) In re Marriage of Valence, 147 N. H. 663, 669, 798 A.2d 35, 39 (2002) (Unvested stock options have no present value) Fisher v. Fisher, 564 Pa. 586, 591, 769 A.2d 1165, 1169 (2001) (It is impossible to ascribe a meaningful value to the unvested stock options, primarily because it is absolutely impossible to predict with reliability what any stock will be worth on any future date). If the options are vested and there is a steady and stable market for the stock, it may be possible to reach a present value which both spouses can live with. If neither spouse is willing to accept the risk that future stock prices will not turn out as expected and this is a significant risk in the majority of all fact situations then it is necessary to use some form of deferred distribution. Some courts have avoided the need to predict future stock prices by using the value of the stock at the time of divorce, minus the strike price for the option. See Richardson v. Richardson, 280 Ark. 498, 659 S. W.2d 510 (1983) Wendt v. Wendt, 1998 WL 161165 (Conn. Super. Ct. 1998), judgment affd, 59 Conn. App. 656, 757 A.2d 1225 (2000) Knotts v. Knotts, 693 N. E.2d 962 (Ind. Ct. App. 1998) Fountain v. Fountain, 148 N. C. App. 329, 559 S. E.2d 25 (2002) Banning v. Banning, 1996 WL 354930 (Ohio Ct. App. 1996) Maritato v. Maritato, 275 Wis. 2d 252, 685 N. W.2d 379, 385 (Ct. App. 2004) (option has no value if market value is less than exercise price on date of valuation). The problem with this approach is that it depends too much upon short-term market fluctuations. For example, the same stock options might be worthless when market prices are at a low point (e. g. late 2001) and very valuable when the market is at a high point (e. g. late 1998). The better approach, and the majority rule, is to divide the profit made at the time when the option is exercised, using a coverture fraction to exclude value attributable to postdivorce efforts. One case makes an immediate offset using a valuation computed by an expert using the Black/Scholes valuation model. Davidson v. Davidson, 254 Neb. 656, 578 N. W.2d 848 (1998). This model, which is based upon an entire series of factors, produces a better value for stock options than is obtained by subtracting the strike price from the market price on the date of valuation. But the method is not easily applied, and any value reached remains highly speculative. See generally Wendt Chammah v. Chammah, 1997 WL 414404 (Conn. Super. Ct. 1997) (both criticizing the Black/Scholes method) see also Fountain (trial court had discretion to reject Black/Scholes on the facts, as no specific valuation method is required not criticizing the method itself). A clear majority of the cases use some form of deferred distribution. Federal law clearly does not prohibit divorce-related transfers of stock options. Provisions prohibiting transfer are nevertheless common, because they are conditioned upon optimal tax treatment. But the only federal case to consider the issue, DeNadai, rejected the argument that the tax statutes are antiassignment provisions. ERISAs more express antiassignment and QDRO provisions are not relevant to the issue, as stock option plans are clearly outside ERISA. Nontransferability provisions included in stock option plans for tax reasons are enforceable under state law. But they will be construed very strictly, and they will not bind a divorce court unless their language is very clear. At a minimum, they probably must apply to involuntary transfers, and they might have to mention divorce-related transfers specifically. While it may be possible to force the employer to accept a direct transfer order in individual cases, this should be a remedy of last resort for qualified stock option plans. The IRS has clearly taken the position in Rev. Rul. 2002-22 that any direct transfer destroys the qualified status of the share so transferred, resulting in adverse tax treatment. There is also a clear possibility that the IRS will raise unforeseeable assignment-of-income doctrine arguments in response to direct transfers of unvested options. Until tax law is more settled, the direct transfer of qualified stock options poses significant tax risks. For vested nonqualified options, Rev. Rul. 2002-22 clearly opens the door to transfer without additional adverse side effects. Loss of favorable tax treatment is not an issue in this setting, as there is no such treatment to lose. Where state law permits, the direct transfer of nonqualified vested options may be a useful method of division. Even nonqualified options, however, are still risky to divide by direct transfer when they are unvested. Rev. Rul. 2002-22 clearly falls short of accepting that 1041 overrules the assignment-of-income doctrine in the context of unvested options. Since commentators have generally rejected the Services position on this point, it is hard to know exactly what arguments the Service would make, and there is a risk that individual transfers will become expensive test laboratories for new tax law theories. All of the tax law problems can be avoided to some extent by appropriate hold-harmless provisions in private settlement agreements. The problem is that there is no way to determine in advance the amount at issue (or the amount of attorneys fees necessary to fight the IRS to determine the amount at issue). At the very least, the extent of any award will have to be reduced to reflect the transferors deferred liability, assuming we have even the vaguest notion of what that might amount to. Rosettenstein, supra, 37 Fam. L. Q. at 207. To the great majority of litigants who prefer to avoid income tax quandaries, the clear message is to avoid any direct transfer of qualified stock options incident to divorce. Finally, as Rosettenstein notes, even if direct transfer is permitted and not accompanied by burdensome tax consequences, it should not immediately be assumed that direct transfer is necessarily in the interest of the nonowning spouse. Unlike retirement benefits, stock options generate maximum value only if they are competently managed by the holder. The option must be converted into stock at the right time, and the stock itself must be sold at the right time. In many situations, the employee spouse may have a better ability to identify the right time, so that the nonowning spouse may actually do better to receive only a share of the profits and not actual ownership of the options. Also relevant are the spouses personal tolerances for investment risk, their willingness to adopt tax law positions which might be challenged by the IRS, and the degree to which each trusts the other to manage a jointly held asset for mutual benefit. When all of these factors are considered, direct transfer may not always be the best division method, even in situations in which it is legally permitted. The state court cases generally prefer direct transfer as a division method wherever possible on the facts. Most of the cases find, however, that direct transfer is not permitted by the plan. The method most often used to divide stock options is a deferred distribution of profits. The second most common method is an immediate offset based upon the difference between the market value and the option strike price on the date of valuation. This method is overly simplistic, and tends to reach extreme results when market conditions are unusually high or low. A better method could be reached by relying less upon immediate market conditions, but any attempt to reduce stock options to present value is inherently speculative. Deferred distribution is clearly the better division method. A clear majority of the deferred distribution cases make a distribution of profits rather than awarding equitable ownership. This point makes an interesting contrast with the equally clear tendency to favor direct transfer where that is a feasible option on the facts. Minimizing the burden upon the owning spouse is clearly a very important factor the courts are consistently favoring division methods which limit postdivorce connections between divorcing spouses. The result is to leave the owning spouse with complete control over when the options are exercised, subject only to the general supervisory jurisdiction of the court to avoid clear instances of misconduct. Whether this approach avoids litigation will ultimately depend upon the behavior of owning spouses. If owning spouses abuse the control which the courts are tending to give them, awards of equitable ownership may become more popular. The Need for Reform State court decisions often suggest that direct transfer of stock options should be the primary method of division when such a transfer is legally permitted. No court or commentator in recent years has suggested any federal or state interest which benefits if divorce-related transfers are forbidden, and the consistent trend in federal law over the past two to three decades has been to allow divorce-related transfers. Federal law should be amended to recognize a QDRO-like device for transferring stock options, and to provide that such transfers do not result in the loss of qualified status for income tax purposes. Questions Call 1-877-770-2270

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